Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República ha incautado este jueves las instalaciones de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, como parte de las investigaciones que se desarrollan tras el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 6 de abril, y que dejó un saldo devastador de 233 personas fallecidas y cerca de 200 heridos.
A un mes de la tragedia, las autoridades han intensificado las acciones legales contra los responsables del recinto. Además de la incautación del inmueble, el Ministerio Público ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias y la inmovilización de activos de empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario del local y principal señalado en múltiples demandas por negligencia y violación a normas de seguridad estructural.
Según fuentes cercanas a la investigación, los fiscales del Distrito Nacional estarían reuniendo evidencias técnicas que confirman que el techo del edificio presentaba fallas estructurales previamente notificadas, que no fueron corregidas por los administradores del establecimiento.
🔍 Investigaciones apuntan a irregularidades
El expediente preliminar también contempla informes de ingenieros civiles y personal de Obras Públicas, los cuales advertían sobre posibles vicios de construcción y uso de materiales no certificados durante la última remodelación del local, realizada en 2022. La documentación será clave en la formulación de cargos por homicidio involuntario, omisión de medidas de seguridad y manejo irresponsable de espacio público.
En paralelo, el Consejo Nacional de la Defensa Pública informó que al menos 38 familias de víctimas han presentado demandas civiles por indemnización, y que organizaciones de derechos humanos están brindando acompañamiento legal a los sobrevivientes.
⚠️ Clamor por justicia
El caso ha generado fuerte conmoción social y ha provocado que sectores civiles exijan una revisión profunda a la normativa de inspección de centros de diversión y eventos masivos. En las afueras de Jet Set, todavía se observan velones, flores y mensajes que claman por justicia para los fallecidos.
La Procuraduría aseguró que no permitirá impunidad y que todos los responsables —materiales y administrativos— serán conducidos ante la justicia.
