26 de mayo de 2025 – Santo Domingo, República Dominicana
La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC) advirtió que los principales casos de corrupción administrativa en República Dominicana se están manejando con una lentitud que compromete la eficacia del sistema judicial. A través de su más reciente informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, la entidad señala que los retrasos procesales son frecuentes, y que las audiencias se ven constantemente pospuestas por incidentes e impedimentos técnicos y legales.
El informe, que cubre el período marzo – mayo de 2025, resalta que existe una evidente congestión judicial, reconocida incluso por el propio Poder Judicial, lo que ha llevado a modificaciones en la asignación de tribunales.
Reacción del Poder Judicial
Como respuesta a esta situación, el Consejo del Poder Judicial decidió excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al Primer y Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, con el objetivo de descongestionar la carga procesal y avanzar con los expedientes ya apoderados.
Participación Ciudadana calificó la medida como positiva, aunque tardía, recordando que ya en octubre de 2023 había solicitado acciones similares mediante una carta enviada al presidente del Consejo, Henry Molina.
«Valoramos que finalmente se haya adoptado una decisión en esa dirección, pues es fundamental que estos procesos avancen no solo por su impacto en la lucha contra la corrupción, sino por el fortalecimiento del Estado de derecho», expresó la entidad.
Casos destacados en el informe
El quinto informe del Observatorio detalla el estatus procesal de varios expedientes emblemáticos por presuntos actos de corrupción, entre ellos:
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Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa y asociados
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Adán Cáceres y su red de colaboradores
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Jean Alain Rodríguez, exprocurador general, y otros implicados
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Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y relacionados
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Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes
La organización enfatizó la necesidad de que estos procesos no sean utilizados como herramientas políticas, ni se conviertan en simulacros de justicia, sino que culminen con sentencias ejemplares en caso de comprobarse los hechos.
