El Gobierno dio a conocer ayer un proyecto para modificar el Código de Trabajo, en el que se han incluido propuestas acordadas con los sectores empleador y sindical. Sin embargo, el controvertido tema de la cesantía no fue abordado en esta ocasión.
El anuncio se realizó durante el evento «La Semanal con la Prensa», donde se detalló que las propuestas consensuadas serán presentadas al Congreso Nacional en un plazo de 7 a 10 días. Entre los puntos acordados destacan la incorporación del teletrabajo, el aumento de un día adicional de vacaciones después de tres años de servicio, la ampliación de la licencia de paternidad al doble del tiempo actual, y mejoras en las condiciones laborales del trabajo doméstico.
El presidente Luis Abinader justificó esta iniciativa señalando la urgencia de actualizar un Código de Trabajo que lleva 32 años sin reformas. Según Abinader, los cambios son necesarios para adaptarse a las transformaciones del mundo laboral, aceleradas por la pandemia, y para mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores.
El mandatario resaltó que el Gobierno consideraba esta actualización una prioridad inaplazable, lo que motivó la acción inmediata. Para lograr el consenso, se llevaron a cabo más de 100 sesiones de diálogo a través de reuniones tripartitas en el Consejo Consultivo del Trabajo (CCT) y en la Mesa Técnica Jurídica, además de encuentros bipartitos.
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, explicó que la reforma busca dotar al organismo de mayor capacidad de respuesta, estableciendo mecanismos efectivos para aplicar la regla del 80/20, que promueve la contratación de un 80% de trabajadores dominicanos y un 20% de extranjeros. También se pretende fortalecer las capacidades de formalización del empleo y mejorar el cumplimiento de las normativas laborales.
De Camps añadió que la reforma está orientada a robustecer los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores, incrementar la generación de empleo, mejorar la productividad y la competitividad, así como fomentar un ambiente de paz laboral.
Asimismo, el proyecto busca reducir la sobrecarga judicial en las relaciones laborales, eliminando prácticas legales temerarias, facilitando el pago de derechos a los empleados y evitando embargos no justificados.
