San Salvador | 1 de junio de 2025 – InfórmateRD Internacional
A un año del inicio del segundo mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, El Salvador se encuentra bajo fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que denuncian una preocupante concentración de poder, violaciones constitucionales y detenciones arbitrarias de activistas.
Bukele asumió el 1 de junio de 2024, en lo que expertos constitucionalistas califican como una reelección inconstitucional, amparada por una Sala de lo Constitucional nombrada de forma irregular en 2021, tras la destitución exprés de los magistrados anteriores por parte de la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo.
Consolidación de un régimen sin contrapesos
A lo largo de este año, diversas voces críticas han advertido sobre una consolidación autoritaria, marcada por el debilitamiento de la independencia judicial, el uso de las fuerzas armadas como herramienta política y la criminalización de la oposición.
Celia Medrano, reconocida defensora de derechos humanos y excandidata a la vicepresidencia, aseguró que no se trata de un segundo mandato legítimo, sino de «una ausencia de Presidencia legalmente constituida». A su juicio, este año no representa una continuidad democrática, sino «una profundización de prácticas autoritarias que caracterizan a regímenes dictatoriales».
Detenciones por protestar
La situación se ha agravado en las últimas semanas con la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos, incluyendo a Ruth López, jefa de Anticorrupción de Cristosal, y a otros líderes sociales acusados de delitos como desórdenes públicos, pese a que sus protestas fueron pacíficas.
Organismos como el Grupo de Trabajo CLACSO han señalado que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de «una política sistemática de represión que busca silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción».
Una de las detenciones ocurrió tras una protesta pacífica en los alrededores de la zona residencial donde reside el presidente, cuando pobladores reclamaban apoyo ante un desalojo masivo. La respuesta del Gobierno fue la criminalización de los organizadores y el envío inmediato de una Ley de Agentes Extranjeros al Congreso, aprobada con rapidez, que impone un impuesto del 30 % a las ONG que reciben cooperación internacional.
Detención de migrantes sin proceso legal
Otro punto crítico es el tratamiento dado a más de 200 ciudadanos venezolanos expulsados desde Estados Unidos. A su llegada a El Salvador, fueron encarcelados directamente en prisiones de máxima seguridad, bajo acusaciones no judicializadas de pertenecer al Tren de Aragua.
A la fecha, no se ha informado públicamente sobre el estado legal de estas personas, ni se les ha otorgado derecho a defensa ni contacto con sus familias. Expertos en derechos humanos advierten que podrían estar bajo una figura de desaparición forzada, al mantenerse incomunicados y sin garantías judiciales básicas.
Mensaje esperado, sin transparencia
Bukele tiene previsto dirigirse este domingo a la nación desde la Asamblea Legislativa. Aunque no se ha adelantado el contenido del mensaje, analistas prevén una narrativa que refuerce el discurso oficialista de «control y orden», mientras persiste el silencio institucional sobre temas clave como la legalidad de la reelección, el estado de excepción prolongado y las crecientes denuncias de represión.
