San Salvador, 5 de junio de 2025
La abogada salvadoreña y reconocida defensora de derechos humanos, Ruth López, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra, según resolvió este miércoles el Juzgado 12° de Paz de San Salvador al concluir la audiencia inicial.
López, detenida desde el 18 de mayo y jefa de la unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión judicial ha provocado reacciones de rechazo tanto a nivel nacional como internacional, al ser considerada por múltiples sectores como un acto de persecución política.
El caso avanza a fase de instrucción
Según reportes de prensa y la organización Cristosal, la jueza ordenó que el proceso pase a la etapa de instrucción, que podría extenderse por al menos seis meses. Durante ese período, se mantendrá el secreto de sumario, lo que ha limitado el acceso a la información incluso a la defensa legal de la imputada.
El abogado Pedro Cruz, defensor de López, calificó la resolución como “una aberración jurídica”, señalando que carece de fundamentos legales sólidos y responde a motivaciones políticas. Asimismo, informó que apelarán la decisión tan pronto reciban el documento oficial con los argumentos de la jueza.
“Soy una presa política”, afirma López
Al salir de la audiencia, y custodiada por varios agentes de policía, López se dirigió a la prensa para declarar que su detención responde a su labor jurídica contra la corrupción estatal.
“Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno”, expresó la activista entre empujones con medios de comunicación que intentaban captar sus declaraciones.
López fue incluida por la BBC en su lista de mujeres más influyentes en 2024, y ha desempeñado un papel clave en investigaciones sobre supuestas irregularidades administrativas durante la gestión del presidente Nayib Bukele.
Cambios en la acusación generan sospechas
Inicialmente, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a López por el delito de peculado, pero luego modificó la acusación a enriquecimiento ilícito en el momento de presentar el requerimiento formal. Este cambio no fue notificado oficialmente a la defensa, debido a la declaración de secreto total sobre el caso.
Organizaciones como Cristosal han advertido que la variación en el tipo penal refleja una estrategia para criminalizar el trabajo de López como defensora de derechos humanos.
“Este proceso no obedece a criterios legales, sino a una intención de silenciar voces críticas. No hay indicios de una investigación seria, sino de una ofensiva política encubierta bajo un disfraz judicial”, denunció la ONG.
Reacciones y preocupación internacional
La detención de Ruth López se suma a otros casos recientes de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos procesados en El Salvador, lo que ha levantado fuertes críticas sobre un presunto deterioro del Estado de derecho en el país centroamericano.
Diversos organismos internacionales han condenado la medida y han instado al gobierno salvadoreño a garantizar el respeto a las garantías procesales y la integridad de la defensora.
“Se está utilizando el aparato judicial para castigar el disenso. Esto envía un mensaje alarmante a la comunidad internacional y a todos quienes luchan por la transparencia y los derechos fundamentales en El Salvador”, afirmó un representante de Human Rights Watch consultado por medios locales.
